Ocho países latinoamericanos piden a la ONU frenar delitos ambientales
Brasil, Colombia, Perú y otros cinco países de la región proponen en Viena negociar reglas comunes contra el tráfico de especies, madera, residuos y minerales.
Once países, ocho de ellos latinoamericanos, propusieron este lunes en Viena que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) abra la negociación de un nuevo protocolo, un acuerdo que se suma a un tratado ya vigente, para combatir el tráfico de especies silvestres, madera y residuos, así como la extracción y el tráfico ilegal de minerales y metales preciosos, informó la agencia EFE.
Los promotores de la región son Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay. Los acompañan Mauritania, la República Democrática del Congo y Santo Tomé y Príncipe. México no aparece en la lista que reportó EFE.
Dónde se discute
La propuesta se debatirá esta semana en la decimotercera Conferencia de las Partes de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que sesiona en Viena del 19 al 23 de octubre. Esa convención es el único tratado mundial obligatorio contra el crimen organizado y hoy tiene tres protocolos: sobre trata de personas, tráfico de migrantes y armas de fuego.
Los países promotores señalan en su documento que «no hay ningún instrumento universal» que aborde los delitos que afectan al medio ambiente. La resolución pide crear un comité especial que redacte el nuevo protocolo para definir esos delitos y reforzar su prevención.
Las cifras detrás de la propuesta
Solo el tráfico ilegal de fauna y flora silvestres mueve entre 7,000 y 23,000 millones de dólares al año, según estudios internacionales citados por EFE. El Banco Mundial estimó en 2019 que la tala y la pesca ilegales, junto con el comercio ilícito de vida silvestre, le cuestan al mundo entre 1 y 2 billones de dólares anuales, es decir, entre uno y dos millones de millones.
Según datos de la ONU, 164 países castigan de alguna forma los delitos contra la fauna y la flora, pero solo 86 prevén penas de al menos cuatro años de prisión. Ese es el umbral de delito grave que fija la convención para activar la cooperación entre países. Según la resolución, las diferencias entre leyes nacionales dificultan perseguir a las redes que operan en varias fronteras.
En la apertura, la directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Monica Juma, dijo que en Sudamérica las ganancias del narcotráfico financian otras actividades ilícitas, como la minería ilegal y el tráfico de fauna y flora silvestres.
Comunidades y soberanía
El texto reconoce el papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la lucha contra estos delitos y la corrupción que los rodea. También pide respetar la soberanía de cada país sobre sus recursos naturales y los acuerdos ambientales que ya existen. Los promotores advierten que estos delitos dañan los ecosistemas y la biodiversidad, pero también la salud pública, la seguridad alimentaria y el sustento de las comunidades.
Límites de esta nota
La propuesta solo busca abrir la negociación de un protocolo: no crea todavía obligaciones para ningún país y necesita el respaldo de la conferencia, que termina el viernes 23 de octubre. El contenido de la resolución proviene de la versión a la que tuvo acceso EFE en Viena; las cifras sobre el valor del tráfico son estimaciones de distintos estudios.
Fuentes
EFE, «Ocho países latinoamericanos impulsan que la ONU cree protocolo sobre delitos ambientales», publicada por ABC Color (19 oct 2026). abc.com.py
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, decimotercera sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (19 al 23 oct 2026). unodc.org
